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Editorial

Con un pie en el estribo

Con un pie en el estribo

Problemática que no es única de Medellín ni de su Comuna 13, como se desprende de los enfoques de la prensa capitalina.
Antes de abordar el avión presidencial que lo llevaría a Brasilia para su primera visita de Estado como presidente de Colombia, el doctor Juan Manuel Santos entregó una breve declaración sobre las conclusiones del Consejo extraordinario de Seguridad que presidió en el terminal aéreo de Rionegro, en el cual se analizó la situación de violencia en las comunas de Medellín, por la guerra entre bandas y combos por el control de los negocios asociados al narcotráfico, en la cual hay una notable participación de menores de 16 años que, a la luz del nuevo Código del Menor y la Infancia, no pueden ser castigados con cárcel pese a la gravedad de sus delitos.

Se trata de una problemática que no es única de Medellín ni de su Comuna 13, como parece desprenderse de los enfoques de la prensa capitalina, sino que existe en Bogotá, Cali, Barranquilla y amenaza con extenderse a otras capitales y ciudades intermedias, donde las organizaciones criminales – las llamadas bacrim – involucran cada vez a más menores en sus actividades delictivas. Hace poco estuvo aquí el ministro de la Defensa Rodrigo Rivera, también presidiendo un consejo de seguridad, y luego de escuchar los análisis, reclamos y recomendaciones de las autoridades regionales sobre el tema, declaró que en el país había demasiadas normas para combatir la violencia y que con cumplirlas bastaba para recuperar la tranquilidad en las ciudades. Tal parece que después de la reunión de ayer, el presidente Santos quedó convencido de que, además de mejorar la parte operativa y de recursos de la Policía, la Fiscalía y la Judicatura, resulta indispensable revisar la normatividad para hacerla más drástica y eficiente en el castigo, tanto de los adultos como de los adolescentes que delinquen al servicio de esas organizaciones.

En el caso específico de Medellín y su área metropolitana difícilmente puede haber una persona que tenga más claro el problema que el alcalde Alonso Salazar, quien no sólo aportó ayer al análisis su conocimiento sobre el accionar de las organizaciones dedicadas al tráfico de narcóticos sino que presentó una serie de propuestas de solución. Aquí – como en otras ciudades – no se trata de una simple manifestación de violencia juvenil sino, a criterio del alcalde, de “una típica confrontación de estructuras criminales, en la que se está utilizando armamento sofisticado y en el que los miembros obedecen a estructuras jerárquicas que trascienden el barrio y hasta la región”. Recordó que ese negocio, desde finales de los 90 del siglo pasado, era controlado por la denominada “Oficina”, pero tras la desmovilización de las AUC, la extradición de su mandamás alias ‘don Berna’, y la muerte o captura de algunos de sus lugartenientes, esa estructura delictiva se partió en dos bandos: el de alias ‘Sebastián’ y el de alias ‘Valenciano’, trenzados en una interminable disputa por el control de la misma. “Como consecuencia, los homicidios de la ciudad se triplicaron y en diferentes comunas la vida comunitaria se ha visto severamente afectada, por el recrudecimiento de enfrentamientos donde mueren inocentes; por el uso de métodos combinados de asonadas y presencia armada, y en general, por la implantación de un régimen de miedo a los habitantes quienes permanecen en grave indefensión”.

En el tema de la aplicación de justicia, nosotros compartimos la preocupación del alcalde de Medellín en el sentido de que es necesario reformar el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, en aspectos como la obligatoria pena intramural para portadores de armas ilegales. Un aspecto poco conocido, que denunció ante el Consejo de Seguridad, es la capacidad que muestran esas organizaciones para defender a sus validos cuando caen en poder de las autoridades, gracias a que “se movilizan con un pool de abogados compuesto por expertos penalistas que manejan con solvencia el sistema penal acusatorio, pero sobre todo manejan sus deficiencias”. He ahí un tema para estudio del Consejo Superior de la Judicatura, que debe vigilar el ejercicio ético de la profesión de abogado.

Por otra parte, pensamos que es hora de revisar el Código del Menor, pues, pese a su reciente expedición, parece que quedó desfasado de los más adelantados en materia de imputabilidad penal. En este momento, muchos de los integrantes de las bandas son menores de 16 años, y resulta que entre los 14 y los 16, la norma dice que pueden ser sometidos a amonestaciones, internamientos, pero jamás castigados con penas de cárcel. En Chile la “responsabilidad penal juvenil” era a los 14 años y la acaban de bajar a 12, igual que ocurre en Perú, Méjico y Ecuador, para no hablar sino de Latinoamérica. Deberíamos pensar seriamente en ese punto, y por eso apoyamos la iniciativa que en ese sentido se propone presentar al Congreso el ministro del Interior y de Justicia.

Por lo pronto, convocamos a la ciudadanía a respaldar las propuestas del alcalde Salazar e instamos al gobierno nacional, a la Fiscalía General de la Nación, a la Dirección de la Policía Nacional, al Congreso, a estudiarlas y a implementarlas con la urgencia que la situación amerita. Por ejemplo, que se provean cuanto antes los 200 cargos vacantes en la Seccional de Fiscalías de Medellín; se nombren los fiscales que hacen falta para adelantar los procesos contra las bacrim; y se den facultades discrecionales al Consejo de Seguridad del Valle de Aburrá para ordenar el traslado de delincuentes que, a juicio del alcalde, siguen manejando sus negocios y planeando delitos desde las penitenciarías locales. Y al Presidente, gracias por demorar su viaje para atender nuestras angustias “con un pie en el estribo”.

http://www.elmundo.com/sitio/editorial.php?idedicion=1850&idcuerpo=1&dscuerpo=Secci%F3n+A&idseccion=2&dsseccion=Editorial

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